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Masacre de Napalpí

Chaco.

1924. Gobierno de Marcelo T. de Alvear

Masacre de Rincón Bomba

Formosa.

1947. Gobierno de Juan D. Perón

El 19 de julio de 1924
durante el gobierno
democrático de
Marcelo T. de Alvear,
la gendarmería
nacional asesinó a
más de 500 hermanos
qom y mocovíes, que
estaban reclamando
por las condiciones de

El 10 de octubre de 1947,
durante el gobierno
democrático de Juan D.
Perón, en el paraje La
Bomba, cerca de Las
Lomitas, se reunieron
miles de hombres,
mujeres, ancianos
y niños del pueblo
pilagá para celebrar un
encuentro religioso.

En las únicas fuentes
oficiales que existen, el
número de asistentes

al encuentro varía entre
1.500 y 8.000. Días
previos se hizo correr el
rumor entre vecinos y la
gendarmería nacional
que los “indios” estaban
organizando un malón.

Cerca de las seis de la
tarde los gendarmes
apuntaron contra la
multitudinaria reunión
fusilando a cientos de
personas. La matanza
siguió varios días más

cuando persiguieron
por el monte y por
comunidades cercanas
a los hermanos que
lograron escapar.

hacinamiento en que
vivían en la reducción
y por la persecución
de la policía local. A
este número debemos
sumar los muertos en
los días siguientes,
cuando continuaron las
persecuciones a quienes
lograron escapar.

En Argentina viven cerca de 40 pueblos

indígenas y se hablan más de 20 lenguas

1
1

17 33

6 24 21 35

36 36

22 38

27 19

1  Atacama (Salta,  Jujuy)
2  Ava Guaraní (Salta,  Jujuy)
3  Comechingón (Córdoba)
4  Chulupi (Salta)
5  Chorote (Salta)
6  Chicha (Jujuy)
7  Charrúa (Entre Ríos, Sta. Fe)
8  Chane (Salta)
9  Diaguita (Salta, Catamarca, La Rioja,

Tucumán, Santiago del Estero, San Luis)

10  Guaycurú (Santiago del Estero)
11  Huarpe (San Luis,  Mendoza,  San Juan)
12  Lule (Tucumán, Salta, Santiago del Estero)
13  Mapuche (Río Negro,  La Pampa, Mendoza,

Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Bs. As.)

14  Moqoit (Chaco, Santa Fe)
15  Mby’a Guaraní (Corrientes,  Misiones)
16  Ocloya (Jujuy)
17  Omaguaca (Jujuy)
18  Avipón (Santa  Fe)
19  Yamanás (Ushuaia)
20  Yaganés (Ushuaia)
21  Quechua (Jujuy)
22  Pilagá (Formosa)
23  Q’om (Formosa, Chaco, Salta, Sta. Fe, Bs. As.)

24  Qolla (Salta, Jujuy)
25  Querandí (Bs. As.)
26  Rankulche (La Pampa)
27  Selk’nam (Tierra  del Fuego)
28  Tastil (Salta)
29  Tapiete (Salta)
30  Tehuelche (Bs. As., Chubut,

Sta. Cruz, La Pampa)

31 Tonokote (Santiago del Estero,

Bs. As.)

32  Tilian (Jujuy)
33  Tilcara (Jujuy)
34  Vilela (Santiago del Estero)
35  Wichi (Salta,  Formosa, Chaco)
36  Yojwis (Salta)
37  Sanaviron (Santiago  del

Estero, Córdoba)

38 Nivaclé (Formosa)

Nos dice cómo se ordenan las

cosas de la vida; ese orden
está escrito para que todos lo
conozcan y respeten.
El derecho es como una regla.

Los derechos son propios de

todas las mujeres, los hombres,
los niños y las niñas. No importa
dónde hayan nacido, a qué
pueblo pertenezcan, su posición
económica, su color de piel, ni
que actividad desarrol en.

Los derechos no existen desde

siempre, fueron conquistados a
través del tiempo, gracias a las
luchas y resistencias que levaron

¿Qué son los derechos?

a la práctica mujeres y hombres
en todo el mundo.

En casi todas las sociedades

los derechos se encuentran
organizados en la Constitución
Nacional.

Los derechos se conquistan, se

construyen y cuando es necesario
se modifican.

Los Pueblos indígenas como

grupos étnicos y preexistentes
al Estado Nacional, tenemos los
derechos que corresponden a
todos los ciudadanos, y además
otros derechos específicos.

El derecho

garantiza el bienestar general y

la dignidad de todos los seres humanos.

Jerarquía normativa

La jerarquía de las normas jurídicas indica que

hay

algunas normas que estánpor arriba de otras.

La norma suprema
en nuestro país es la
Constitución Nacional
junto con los tratados
de Derechos Humanos
mencionados en el Art.
75 inc. 22.

Esto significa que
elos son lo más
importante, y toda
la normativa o leyes
inferiores tienen que
respetarlos y ninguna
puede contradecirlos.

Ninguna norma puede
contradecir lo que dice
la constitución nacional
en el art. 75 inc. 17 –19
Y 22–. Si lo hace es
inconstitucional.

El Estado Nacional y
Provincial tienen que
cumplirlo  ambos son
responsables por acción
u omisión, o sea  por
hacer o no hacer nada.
No es justificación  para

el incumplimiento que
las provincias no hayan
reformados sus leyes.
(según el Tratado de
Viena art. 27).

Las leyes locales se
deben ir adaptando a
los nuevos derechos
y si no lo hacen son
inconstitucionales.

Se debe exigir a
los legisladores

provinciales que
deroguen las leyes
inconstitucionales
como la Ley 426 de la
provincia  de Formosa
que de ser pionera,
hoy es una aberración
jurídica  basada en la
más absoluta negación
de derechos y perpetua
el  racismo y  la
discriminación.

La Constitución nacional

Los derechos de ayer

Constitución de

1853

Los derechos de hoy

Constitución de

1994 (la actual)

Artículo 75, inc. 17:

La Constitución argentina de 1853/60
establecía en su artículo 67 inciso
15 que se debía: “Conservar el trato
pacífico con
los indios y promover la conversión
de el os al catolicismo”.

Esto refleja el posicionamiento
y accionar del Estado Argentino

“Reconocer la preexistencia étnica y cultural  de los pueblos indígenas
argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una
educación bilingüe e intercultural;  reconocer la
personería jurídica  de sus comunidades, y la posesión y propiedad
comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la
entrega de otras aptas y suficientes para el desarrolo humano; ninguna
de elas será enajenable, transmisible  ni susceptible de gravámenes
o embargos. Asegurar su participación  en la gestión referida  a sus
recursos naturales  y a los demás intereses que los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

respecto de los pueblos indígenas,
que fueron perseguidos durante años
sufriendo el exterminio
de gran parte de su población.

Los que sobrevivieron y resistieron
fueron forzados a manejarse
en los parámetros
de la cultura dominante.

“La provincia reconoce la preexistencia de los
pueblos aborígenes que la habitan. El estado
reconoce y garantiza:

1. Su identidad étnica y cultural.

2. El derecho a una educación bilingüe

intercultural.

3. La personería jurídica de sus comunidades.

4. La posesión y propiedad comunitaria de las

tierras que tradicionalmente ocupan. Ninguna
de el as será enajenable, transmisible ni
susceptible de gravámenes o embargos.

5. Su participación en la gestión referida a sus

recursos naturales y demás intereses que le
afecten.”

Comentario

Comparando el

art. 75 inc. 17de la constitución

nacional con el

art. 79de la constitución de la

provincia de Formosa, vemos que no han incluido
la parte que se refiere a regular la entrega de
tierras aptas y suficientes para nuestro desarrol o.

Constitución de Formosa

Artículo 79

“La provincia reconoce la
preexistencia de los pueblos
indígenas, su identidad étnica y
cultural, la personería jurídica
de sus comunidades y organizaciones;
promueve su protagonismo a través de
sus propias instituciones; la propiedad
comunitaria inmediata de la tierra
que tradicionalmente ocupan y las
otorgadas en reserva. Dispondrá la
entrega de otras aptas y suficientes
para su desarrolo humano, que
serán adjudicadas como reparación
histórica, en forma gratuita,
exentas de todo gravamen. Serán
inembargables, imprescriptibles,
indivisibles e intransferibles a
terceros.

El Estado les asegurará:

La educación bilingüe e

intercultural.

La participación en la protección,

preservación, recuperación de los
recursos naturales y de los demás
intereses que los afecten y en el
desarrol o sustentable.

Su elevación socio-económica con

planes adecuados.

La creación de un registro

especial de comunidades y
organizaciones indígenas.”

Constitución de Chaco

Artículo 37

Comentario

La Constitución de Chaco

es más garantista que la nacional, entre

otras cosas porque reconoce personería a las “organizaciones”;  promueve
el protagonismo de las “instituciones”  de los pueblos indígenas; se refiere a
la entrega de tierras como “reparación  histórica”;  el Estado debe asegurar
planes para elevar el nivel de vida de los indígenas e instaurar el registro de
comunidades y organizaciones indígenas.

Constitución Nacional

(reforma de 1994). Art. 75, inc. 17.

Convenio 169 de la OIT

(Organización Internacional del
Trabajo, año 1989). Art. 6 y 7,
Art. 13 y siguientes.

Convenio 169 y Declaración

de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los
pueblos indígenas: consulta y
consentimiento, previo, libre e
informado. (Año 2007)

Derechos indígenas específicos

sobre la

propiedad de las tierras, territorios y recursos naturales.

Derecho a la consulta.

Estos derechos están reglamentados en (marco normativo):

El Convenio 169 de la

Organización Internacional  del
Trabajo (OIT) fue aprobado por
Ley Nacional 24.071, ratificado
por nuestro país en julio  del año
2000 y entró en vigencia un año
después integrando  nuestro
sistema normativo.

Según nuestra Constitución

Nacional, a partir de su ratificación
los tratados internacionales son
de cumplimiento obligatorio, y el
Convenio tiene jerarquía superior
a las leyes nacionales. Por lo
tanto nuestro país está obligado a
cumplirlo sin ninguna limitación.

La importancia del Convenio 169 de la OIT

Basado en los principios de

igualdad y no discriminación,
el Convenio 169 junto  con
la Constitución y las Leyes
Nacionales, constituyen “la  ley
suprema de la Nación; y las
autoridades de cada provincia
están obligadas a conformarse
a ela,  no obstante cualquiera
disposición en contrario
que contengan las leyes o
constituciones provinciales”.  Por
lo tanto el Estado está obligado a
garantizar su cumplimiento.

Leyes Nacionales: 23302, 26160, 26206, 26331 y Decreto 672/2016.

En la actualidad el derecho a los territorios

es nuestra mayor demanda

Por territorio se
entiende la biósfera,
o sea todo el territorio
que los pueblos
indígenas emplean o al
que tienen acceso de
alguna forma: bosques,
ríos, lagunas, montañas
y mares, la superficie y
el subsuelo.

La mayor amenaza
a la biósfera es el
extractivismo, que
es la apropiación de
grandes volúmenes de
recursos naturales, o
bajo procedimientos
muy intensivos,
donde la mitad o
más son destinados
a la exportación a los
mercados globales.
Son casos como la
megaminería a cielo
abierto, las plataformas
petroleras, los
monocultivos de soja
que implican desmontes
a gran escala.

Los efectos sociales
y ambientales de
los extractivismos
son demoledores.
Por ejemplo, la
megaminería a cielo
abierto,  con esas
enormes canteras
donde se extraen
mil ones de toneladas
por año, son, en un
sentido riguroso,
amputaciones
ecológicas. No queda
nada al í;  la destrucción
ecológica es total.  La
explotación petrolera
intensiva, ha dejado
bastas áreas con
todas sus aguas
contaminadas. Los
monocultivos de soja
están detrás de la
pérdida de bosques y

praderas naturales, el
deterioro del suelo o
la contaminación por
agroquímicos.

Paralelamente, estos
tipos de actividades
desplazan comunidades
locales, generan
muy poco empleo,
se implantan con
crecientes niveles de
violencia.

El reclamo de las
comunidades indígenas
por sus territorios
toca los intereses
económicos de estas
grandes empresas
que en connivencia
con el poder político,
violan sus derechos y
criminalizan su lucha.

Estos temas están presentes en toda la legislación que estamos estudiando.

El Convenio de la OIT, en sus artículos 4 y 7 afirma que los gobiernos tienen
obligación de:

Convenio 169 OIT

Parte 1. Política general

Medio ambiente y recursos naturales

aplicar las medidas necesarias

para proteger y preservar el medio
ambiente de los territorios que
habitan los pueblos originarios y

efectuar estudios con

participación de los pueblos
cuando se leven adelante
proyectos que puedan afectarlos.

Lo mismo afirma la Declaración de Naciones Unidas en su artículo 29:

“Los pueblos indígenas tienen derecho a la conservación y protección
del medio ambiente y de la capacidad productiva de sus tierras o
territorios y recursos. Los Estados deberán establecer y ejecutar
programas de asistencia a los pueblos indígenas para asegurar esa
conservación y protección, sin discriminación”.

Además en el Convenio, la Declaración y el artículo  75 de la Constitución, se
repite más de una vez que los pueblos deben participar  de la gestión de sus
recursos naturales (Consentimiento previo, libre  e informado = CPLI).

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y

de posesión sobre las tierras  que tradicionalmente  ocupan. Además, en los
casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho
de los pueblos interesados a utilizar  tierras que no estén exclusivamente
ocupadas por elos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente  acceso
para sus actividades tradicionales  y de subsistencia. A este respecto,
deberá prestarse particular  atención a la situación de los pueblos nómadas
y de los agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para

determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y
garantizar la protección efectiva de sus derechos
de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema

jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas
por los pueblos interesados.

Comentario

Este artículo del convenio dice que las comunidades tienen derecho a la
propiedad y posesión de sus tierras, las que habitan desde siempre. Y también

Convenio 169 OIT

Parte 2. Tierras

Artículo

que tienen derecho a utilizar otras tierras para cazar, pescar o cultivar como lo
vienen haciendo.

El gobierno tiene que garantizar este derecho, lo que quiere decir que si eso
no se cumple la comunidad puede exigir su cumplimiento y el gobierno está
obligado a tomar medidas para hacer que se cumpla.

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes

en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y
conservación de dichos recursos.

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los

recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras,  los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras.
Los pueblos interesados deberán participar  siempre que sea posible en los
beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa
por cualquier daño que puedan sufrir  como resultado de esas actividades.

Convenio 169 OIT

Parte 2. Tierras

Artículo

Comentario

Este artículo dice que las comunidades
tienen derecho a decidir lo que se
hace con el petróleo, los minerales o
cualquier otro recurso que haya en
sus tierras y que si un gobierno quiere
utilizarlos tiene que consultarlas.

También que hay que dar a la
comunidad parte de los beneficios
de cualquier explotación y una
indemnización si se produjera algún
daño.

1. Deberán respetarse las modalidades de

transmisión de los derechos sobre la tierra
entre los miembros de los pueblos interesados
establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados

siempre que se considere su capacidad de
enajenar sus tierras o de transmitir de otra
forma sus derechos sobre estas tierras fuera de
su comunidad.

3. Deberá impedirse que personas extrañas

a esos pueblos puedan aprovecharse de
las costumbres de esos pueblos o de su
desconocimiento de las leyes por parte de
sus miembros para arrogarse la propiedad, la
posesión o el uso de las tierras pertenecientes
a el os.

Comentario

Este artículo dice que las tierras tienen que pasar
de una generación a otra y de un hermano a otro
según las costumbres de la comunidad, que la
comunidad tiene que ser consultada si estas tierras
pasaran a otras manos fuera de la comunidad
y que nadie puede aprovecharse de la falta de
conocimiento de algún miembro
de la comunidad para apropiarse de las tierras.

La ley deberá prever
sanciones apropiadas
contra toda intrusión
no autorizada en las
tierras de los pueblos
interesados o todo
uso no autorizado
de las mismas por
personas ajenas a
el os, y los gobiernos
deberán tomar medidas
para impedir tales
infracciones.

Comentario

Este artículo dice que
hay que sancionar por
ley a los intrusos o a los
que quieran usar las
tierras de la comunidad
sin autorización y
que el gobierno está
obligado a hacer que
eso se cumpla.

Convenio 169 OIT

Parte 2. Tierras

Artículo

El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas afirman  el
derecho de los pueblos indígenas a la consulta —y el deber de
los Estados de consultarles—cuando  se adopten determinadas medidas
administrativas  o legislativas  o se aprueben ciertos proyectos susceptibles de

afectarlos.

Derecho de los pueblos indígenas a la consulta

y al consentimiento libre, previo e informado

Consentimiento

Significa la manifestación clara de
la aceptación consciente por parte
de los pueblos indígenas, con la
plena participación de sus líderes
autorizados a través de los procesos
tradicionales de toma de decisión.

Libre

Significa que no haya ningún tipo
de presión o soborno (sea éste un
incentivo monetario o una ayuda
social).

También implica que no haya
amenazas o represalias en el caso
de que la respuesta indígena a la
consulta sea NO.

Previo

Significa que la consulta se debe
realizar con suficiente tiempo para
recopilar información y debatir,
lo cual incluye la traducción de
la consulta a los idiomas de las
comunidades afectadas por el
proyecto.

Informado

Significa que las comunidades
indígenas deben disponer de toda
la información relevante acerca del
proyecto. La información debe ser
imparcial acerca de los potenciales
riesgos y beneficios del proyecto
según los conocimientos y prácticas
indígenas.

Esta ley regula aspectos atinentes a
la institución  y organización de las
comunidades indígenas, establece
el Instituto  Nacional de Asuntos
Indígenas, regula la adjudicación de
tierras con criterios paternalistas,
es decir, a partir  de autorizaciones,
permisos y concesiones del Estado,
criterios hoy reñidos con la cláusula
constitucional del art. 75 inc. 17
incorporada en la Reforma del
´94. Asimismo, dispone planes de
educación, salud y vivienda.

Leyes nacionales

que tratan sobre derechos indígenas

Ley nacional

23.302 de Política Indígena y de Apoyo a las comunidades

aborígenes (reglamentada por Decreto 155/89)

Ley nacional

26.160

Emergencia de la propiedad comunitaria indígena.

Prorrogada por Ley 26.554.

Declara la emergencia en materia de posesión y
propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan
las comunidades originarias del país y suspende
los desalojos.

Asimismo, ordena al INAI a realizar un
relevamiento técnico- jurídico- catastral de las
tierras ocupadas por las comunidades.

Decreto 672/2016

del 11/05/2016

Creación del

Consejo Consultivo y Participativo

de los Pueblos Indígenas

DECRETO 672/2016

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República

Argentina. Creación.

Bs. As., 11/05/2016

VISTO el Expediente  N° S04:0015492/16 del registro  del MINISTERIO DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes Nros.  23.302  y  su  modificatoria,  24.071 y
26.160,  la  DECLARACIÓN DE LAS  NACIONES  UNIDAS  SOBRE LOS DERECHOS
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, el  Decreto  N°  155 del  2 de febrero  de 1989 y su
modificatorio  y  la  Resolución  de  la  SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y
PLURALISMO CULTURAL del referido  Ministerio  N° 6 del  18 de marzo de 2016, y

CONSIDERANDO:

Que la  CONSTITUCIÓN NACIONAL establece, en  su  artículo  75,  inciso  17, que
corresponde al Congreso “...Reconocer la preexistencia étnica y cultural  de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho
a una educación bilingüe  e intercultural;  reconocer la  personería Jurídica de
sus comunidades, y la  posesión y propiedad  comunitarias  de las  tierras  que
tradicionalmente  ocupen; y  regular  la  entrega  de  otras  aptas y  suficientes
para el desarrol o  humano; ninguna de el as será enajenable, transmisible  ni

El Decreto 672/2016 es una herramienta que nos permite corregir algunos
artículos de la ley 23.302 y de las leyes provinciales. Queremos que el Estado
nos permita proponer los cambios necesarios para mejorar la legislación
indígena a nivel nacional, basados en nuestra propia decisión como pueblos
indígenas.

susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses qua los afecten. Las
provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

Que para  el  cumplimiento  de  los  deberes constitucionalmente  establecidos,
resulta necesario generar un diálogo intercultural  que diseñe políticas públicas
para los  Pueblos Indígenas,  promueva diferentes  programas e impulse  entre
otros,  un  reordenamiento territorial  respetando el  derecho a  la  consulta  y
al  consentimiento, conforme a lo  prescripto  por  el  artículo  6°,  punto  2) del
CONVENIO 169  DE LA  ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL TRABAJO SOBRE
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado  por
la Ley N° 24.071.

Que la  Ley N° 23.302 declaró como objetivo  de interés  nacional  la  atención  y
apoyo a los aborígenes y a las Comunidades Indígenas existentes en el país, y su
defensa y desarrolo para su plena participación  en el proceso socio económico
y cultural  de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades.

Que dada la situación crítica manifestada por diversos integrantes de Pueblos y
Comunidades Indígenas en todo el territorio nacional, deviene institucionalmente
necesario instrumentar las políticas públicas adecuadas para resolver las
distintas situaciones que los afectan.

Que por la Resolución S.D.H. y P.C. N° 6/16 se reconoció  a la Mesa de Trabajo
y  Diálogo  Político  de  los  Pueblos  Indígenas  de  Argentina  con  el  Estado
Nacional  impulsada  por  diversos  integrantes  de las  Comunidades Indígenas
al í  individualizados,  para que se reciban peticiones y se propicie la discusión
acerca de las políticas públicas relativas a los intereses de tales pueblos.

Que, en esa línea argumental, se destaca la intervención de los Pueblos Indígenas
en los asuntos políticos que puedan acarrear efectos sobre su organización y
plan de vida.

Que la consulta es el derecho de los Pueblos Indígenas u Originarios  de poder
intervenir  de  forma  previa  sobre las  medidas legislativas  o  administrativas
que afecten directamente  sus derechos colectivos,  sobre su existencia  física,

identidad cultural, calidad de vida o desarrol o. También corresponde efectuar
la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrolo nacional
y regional que afecten directamente estos derechos.

Que a  los  fines  de  lograr  adecuadamente la  participación  de  los  Pueblos
Indígenas conforme a las pautas mencionadas en el Considerando precedente,
es necesario establecer los  contenidos, los  principios  y el  procedimiento  del
derecho a la  consulta  previa  a los Pueblos Indígenas respecto a las medidas
legislativas o administrativas que les afecten directamente.

Que deben interpretarse los términos precedentemente aludidos, de conformidad
con  las  obligaciones  establecidas  en  el  CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS  Y  TRIBALES  EN
PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado por  la  Ley N° 24.071.

Que el servicio permanente de asesoramiento jurídico competente ha tomado la
intervención que le corresponde.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por elo, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Artículo  1° —Créase el  CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS DE LA  REPÚBLICA ARGENTINA, el  que  tendrá  como  finalidad
promover  el respeto  de los derechos previstos  por la CONSTITUCIÓN NACIONAL,
el  CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL  DEL TRABAJO SOBRE
PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado  por
la  Ley  N°  24.071  y  la  DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Art. 2° —Establécesequeparalograr lafinalidad previstapor el artículo precedente,
el  CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS  DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, propenderá a generar condiciones para que se efectivice
un diálogo intercultural,  a fin de que las medidas legislativas y/o administrativas
que  afecten  directamente  a  los  Pueblos y/o  Comunidades Indígenas,  hayan

contado con su intervención  previa,  incluyéndolos  en los procesos de toma de
decisión, actuando de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias,
con la  finalidad  de l egar  a un acuerdo o lograr  el consentimiento acerca de
las  medidas  propuestas.  El  CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA elaborará  un  proyecto  de
reglamento  de funcionamiento  y en ningún  caso reemplazará el  proceso que
debe levarse adelante para respetar el derecho a la consulta.

Art. 3° —El CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA tendrá por funciones:

a) Impulsar la reforma de la Ley N° 23.302, adecuándola a los estándares

internacionales;  proponer un proyecto de reglamentación del derecho a la
consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el CONVENIO
169 DE LA  ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL TRABAJO SOBRE PUEBLOS
INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES, aprobado  por  la  Ley
N°  24.071 y un  proyecto de reglamentación  de la  propiedad  comunitaria
indígena.

b) Fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno.
c) Impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la efectiva

posesión de las tierras por las comunidades.

d) Impulsar, proponer al ESTADONACIONAL participando: en el proceso de toma

de decisión para la implementación de los programas, planes y proyectos para
la Población Indígena, de educación, salud, género, juventud, protección de
niños y niñas, tercera edad, ancianos, discapacidad y asistencia a víctimas.

e) Promover la redefinición de las diferentes áreas relativas a políticas hacia

Pueblos Indígenas en los diferentes Ministerios y organismos públicos del
ESTADO NACIONAL con el objeto de garantizar la participación indígena.

f) Impulsar medidas para la protección, defensa y desarrolo de los recursos

naturales, genéticos y de biodiversidad de los territorios, los conocimientos
y saberes ancestrales, y cualquier otro tema que revista importancia para los
Pueblos y/o Comunidades Indígenas.

Art.  4° —El CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA estará conformado  por  los  representantes  que
los Pueblos, Comunidades y/u  Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a

tales fines,  respetando el autoreconocimiento y las formas, usos y costumbres
tradicionales  de organización  de cada pueblo  y comunidad y por  la  Mesa de
Trabajo y Diálogo Político  de los Pueblos Indígenas de Argentina  con el Estado
Nacional, a través de los representantes que ela designe.

Art.  5°  — Establécese  que  el  CONSEJO CONSULTIVO Y  PARTICIPATIVO  DE
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA funcionará  en  el  ámbito
de  la  SECRETARÍA  DE  DERECHOS HUMANOS  Y  PLURALISMO  CULTURAL  del
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, quien promoverá  los  espacios
de interacción  con los diferentes Ministerios  y organismos públicos del ESTADO
NACIONAL a fin  de brindar  fiel  cumplimiento  a los objetivos  enunciados en el
presente Decreto.

Art.  6°  —Convócase a la  DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN a los  fines  de
actuar  en  el  CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE PUEBLOS INDÍGENAS
DE LA  REPÚBLICA ARGENTINA, en  defensa  de  los  derechos  de  los  Pueblos
Indígenas.  Asimismo,  podrá  convocarse  a  miembros  del  CONGRESO DE LA
NACIÓN y diversos especialistas en temáticas de legislación  indígena.

Art. 7° —Instrúyese, al señor Jefe de Gabinete de Ministros a efectos de realizar
las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para la implementación
de lo establecido en el presente Decreto.

Art. 8° —Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese. —MACRI. —Marcos Peña. —Germán C. Garavano.

RESOLUCION RESOL-2016-597-E-APN-SECDHYPC#MJ

Número: RESOL-2016-597-E-APN-SECDHYPC#MJ

CIUDAD DE BUENOS AIRES – Viernes 16 de Diciembre de 2016

Referencia: EXP-S04: 38955/2016 – CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE

LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

VISTO el Expediente Nº S04:0038955/16 del registro de este Ministerio y el
Decreto Nº 672 de fecha 11 de mayo de 2016, y

CONSIDERANDO

Que por  el  artículo  1º del  Decreto  Nº  672/16 se creó  el  CONSEJO CONSULTIVO Y
PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, al
que se le asignó la finalidad  de promover el respeto de los derechos previstos
por  la  CONSTITUCION NACIONAL,  el  CONVENIO 169  DE  LA  ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO SOBRE PUEBLOS INDIGENAS  Y  TRIBALES  EN
PAISES INDEPENDIENTES, aprobado  por  la  Ley Nº  24.071 y la  DECLARACION DE
LAS NACIONES UNIDAS  SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

Que por el artículo 5º del Decreto citado precedentemente se estableció que
“…el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE PUEBLOS INDIGENAS DE LA
REPUBLICA ARGENTINA

funcionará en el ámbito de la SECRETARIA DE

DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del  MINISTERIO  DE JUSTICIA
Y DERECHOS HUMANOS, quien promoverá  los  espacios  de interacción  con los
diferentes  Ministerios  y organismos  públicos  del  ESTADO NACIONAL a fin  de
brindar  fiel  cumplimiento a los objetivos enunciados en el presente Decreto…”

Que por  el  artículo  2º  del  Decreto  Nº  672/16 se  dispuso  que  el  CONSEJO
CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  DE LA REPUBLICA
ARGENTINA elaboraría  un  proyecto  de  reglamento  de  funcionamiento  y  en
ningún  caso reemplazaría el proceso que debe levarse adelante para respetar
el derecho a la consulta.

Que la  Asamblea  Constitutiva  del  CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, se  realizó  en  la  CIUDAD
AUTONOMA DE BUENOS AIRES los días 14 y 15 de julio  de 2016, con la participación

de representantes de los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones de Pueblos
Indígenas designados a tales fines, respetando el autoreconocimiento y las formas,
usos y costumbres tradicionales de organización de cada pueblo y comunidad.

Que en su primera reunión, el CONSEJO CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA elaboró un proyecto de
reglamento, que se encuentra agregado al expediente citado en el Visto, el que
se tuvo presente a los fines del dictado de esta medida.

Que a los  fines  de lograr  adecuadamente los  objetivos  asignados  al  CONSEJO
CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  DE LA REPUBLICA
ARGENTINA, corresponde aprobar  su Reglamento de Funcionamiento.
Que ha tomado la  intervención  de su competencia el  servicio  permanente de
asesoramiento jurídico  de este Ministerio.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los
Decretos Nros. 357/02 y sus modificatorios y 672/16.

Por elo, EL SECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEREHOS HUMANOS RESUELVE:

ARTICULO 1º.-  Apruébase  el  “REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
CONSULTIVO Y PARTICIPATIVO  DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  DE LA REPUBLICA
ARGENTINA”, que,  como Anexo (IF-2016-04710106-APN-SECDHYPC#MJ), forma
parte integrante del presente acto.

ARTICULO 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Derecho a la identidad

Derecho a la nacionalidad

Es el “reconocimiento jurídico y
social de una persona como sujeto
de derechos y responsabilidades
y, a su vez, de su pertenencia a un
Estado, un territorio,  una sociedad
y una familia,  condición necesaria
para preservar la dignidad individual
y colectiva de las personas”  (UNICEF,
2007).

Los niños y niñas que no fueron
registrados no existen para el Estado
y por ende, no pueden ejercer sus
derechos de una manera plena.
La ausencia de documento de
identidad implica ser invisible para
los registros estatales, situación que
genera exclusión, profundizando
y perpetuando las condiciones de
pobreza y precariedad.

Trae aparejado la vulneración de
distintos derechos, como ser salud,
educación, etc.

Derecho humano fundamental que
establece un vínculo jurídico esencial
entre el individuo y el Estado, en virtud
del cual una persona es miembro de la
comunidad política, un Estado.

Constituye un elemento fundamental
para la seguridad del Individuo, ya
que, además de conferir a la persona
un cierto sentido de pertenencia e
identidad, le otorga el derecho a
disfrutar de la protección del Estado y
le aporta un fundamento legal para el
ejercicio de diversos derechos civiles
y políticos.

El pueblo nivaclé hoy está sufriendo
la violación de estos dos derechos tan
elementales.

Ni el estado argentino ni el estado
paraguayo reconocen ciudadanía a
estos hermanos ni se están haciendo
cargo de resolver su situación.

Conflictos territoriales sin resolución

Comunidad wichí Pampa del

Veinte Las Lomitas, Formosa.

No poseen personería jurídica del
Renaci ni asociación civil.

Comunidad pilagá Penqolé

Las Lomitas, Formosa.
Han solicitado la personería
jurídica nacional hace varios
años y no ha sido otorgada.

Comunidad qom Santo

Domingo Formosa.

Poseen personería jurídica del
Renaci pero no pueden ser
titulares de la tierra por ser
personería jurídica nacional.

Comunidad qom Lote 67

Formosa capital.
Poseen personería jurídica del
Renaci pero no pueden ser
titulares de la tierra por ser
personería jurídica nacional.

Comunidad qom Potae

Napocna Navogoh. Formosa.

El conflicto territorial con la
Provincia de Formosa (UNAF) y
Parque Nacional Pilcomayo se

encuentra en la Corte Suprema
de Justicia desde el año 2011.
También continúan conflictos con
particulares que se encuentran
dentro del territorio.

Laguna YemaFormosa.

Antiguo cementerio wichí que está
siendo profanado y usurpado por
los poderes de turno.

Misión Laishí, Misión

Tacaaglé, Bartolomé de las
Casas, La Primavera

Formosa.
Existe el decreto provincial
nro. 1363/63 que da cuenta
de las tierras asignadas a las
comunidades y, comparado con
lo que tienen hoy, demuestra
cómo han sido reducidos los
territorios.

Comunidad Misión Wichí Las

Llanas Km 1808

Embarcación, Salta
Cuenta con personería jurídica
provincial. Fueron desalojados
de su territorio por una familia
criol a.

Algunos casos concretos de conflictos por el territorio existentes que no han
sido resueltos:

El Estado debe garantizar el
cumplimiento de estos derechos
porque es el garante de la aplicación
de los derechos constitucionales
reconocidos por los mismos estados
nacional y provincial.

Cuando esto no ocurre existe la
posibilidad de recurrir a la justicia
y a los organismos internacionales
que obliguen al estado argentino a
cumplirlos. Estos derechos deben
ser respetados y efectivizados para
la protección de la integridad de los
pueblos indígenas.

Las comunidades indígenas tienen
que organizarse para exigir el
cumplimiento de sus derechos y

movilizarse cuando estos reclamos no
tengan una respuesta satisfactoria.

El Estado debería proveer los
recursos necesarios para que
las comunidades designen a sus
defensores y asesores jurídicos.

El Estado debe garantizar que en todos
los ámbitos de atención pública: salud,
educación, justicia, administración,
etc. haya traductores que asistan a los
indígenas que lo requieran.

Hay que enfatizar en la protección de
la lengua materna.

El ejercicio de la interculturalidad es
la base del diálogo.

Es fundamental que las autoridades de las comunidades indígenas
conozcan sus derechos y exijan su cumplimiento en defensa de la vida y el
territorio.

primer paso para exigir

el cumplimiento de los
derechos es hacer una petición
a la administración pública
correspondiente (municipio,
provincia, nación).

Hay siempre una “autoridad de
aplicación” para los distintos temas.
Estas pueden ser organismos
específicos como el INAI o el ICA o los
Ministerios.

Para esto

no es necesario un

abogado, cualquier persona puede
hacer esta presentación.

1. Hay que hacer una nota en la que

quede claro quién la presenta, la
fecha y el problema, explicado de
la mejor forma posible.

2. Siempre hay que presentarse en la

mesa de entradas del lugar donde
debemos iniciar el trámite, con el
original y una copia de la nota.

3. La persona que nos atiende se

quedará con el original.

4. En la copia colocará un selloque

deja constancia del inicio del
trámite.

5. También nos tiene que comunicar

el número de expediente asignado
a nuestra petición.

Es importante guardar
este número, porque luego
nos servirá para preguntar por
el estado de nuestro trámite.
En presentaciones posteriores,
se pondrá al comienzo, en
forma visible, este número de
expediente.

Formas de presentación

Hay dos formas de presentación
ante la administración: los reclamos,
donde se realiza una petición
determinada y los recursos, donde se
pretende modificar una resolución ya
adoptada por el Estado.

Para que el reclamo o
recurso tenga más fuerza,
es importante que haya sido
discutido en una asamblea
de la comunidad, que haya
consenso y que leve las firmas
de sus autoridades.

Trámites útiles en caso

de problemas administrativos

Es importante que esta comunidad
esté informada y de acuerdo con la
propuesta y que esté organizada
para hacer distintas movilizaciones
y acciones en caso de que la vía
administrativa no de resultados
positivos.

Puede ser útil la difusión del
conflicto por las redes sociales y
medios de comunicación locales.

Antes de que el organismo resuelva
lo que pedimos, el expediente pasa
por varias dependencias estatales.

Nosotros podemos ir o lamar a la
mesa de entradas donde iniciamos
el trámite para preguntar dónde se
encuentra.

Elos tienen la obligación de darnos
una respuesta mostrándonos el
expediente o indicarnos adonde
tenemos que ir.

Siempre es conveniente
preguntar quién es la persona
encargada de levarlo  adelante
y anotar su nombre, apel ido
y teléfono,  para que podamos
preguntarle  cómo va el
trámite y cuánto va a tardar en
resolverse.

Seguimiento del trámite

Pronto despacho

En caso de que no se resuelva
nuestro reclamo o recurso, podemos
hacer un pedido de pronto despacho.

Es una nota escrita donde el título
debe ser “pronto despacho” con
la fecha de hoy. Abajo ponemos la
fecha en que iniciamos el trámite, el
número de expediente y solicitamos
una respuesta rápida.

Vista del expediente

Se puede tomar vista del expediente
durante su tramitación. Esto quiere
decir que nos podemos presentar
ante la oficina donde se encuentra
dicho expediente y solicitar,
verbalmente, consultarlo.

También puede ser solicitado por
escrito (se l ama “pedido de vista”).

Los funcionarios tienen la obligación
de mostrarnos el expediente en el
momento o indicarnos el día y la hora
en que podremos verlo. Además, se
pueden pedir fotocopias.

Tener en cuenta que:

• Los plazos se cuentan en días

hábiles administrativos. Esto
quiere decir que son los días en
que la dependencia pública de
que se trate atiende al público.
Los fines de semana, feriados
y asuetos en la administración
pública son días inhábiles y no se
cuentan.

• El procedimiento administrativo lo

impulsa la propia administración
pública. Esto se denomina
“impulso de oficio”.

• Tenemos derecho a ser

escuchados antes de que el
funcionario l egue a una decisión.

• Tenemos derecho a exponer las

razones de nuestras pretensiones.

• Tenemos derecho a ofrecer y

presentar pruebas: demostrar en
el expediente todos los hechos
que respaldan nuestra petición.

• Finalmente, los funcionarios

toman una decisión. Esta decisión
debe estar fundamentada y nos
debe ser notificada al domicilio
que indicamos cuando hicimos la
petición.

• Recién cuando se ha agotado la

instancia administrativa puedo
recurrir a la justicia ordinaria del
país que tiene muchos niveles
y recién ahí se puede recurrir
a una instancia internacional,
o sea dirigirse a un organismo
internacional fuera del país.

La personería jurídica es un
documento legal que permite a las
Comunidades intervenir directamente
en sus propios asuntos, sin necesidad
de que ningún intermediario
individual o institución pública o
privada actúe en su nombre.

Personería jurídica de

las comunidades indígenas

Este registro respeta la cosmovisión
y formas de organización propias
de cada Comunidad, ya que las
Comunidades Indígenas no son
Asociaciones Civiles.

PERSONERÍA JURÍDICA DE ASOCIACIÓN CIVIL

PERSONERÍA JURÍDICA DE COMUNIDAD INDÍGENA

Debe ajustarse a un régimen preestablecido
para su organización.

Tienen autonomía para decidir su forma interna
de convivencia y organización, respetando la
cosmovisión de su Pueblo de pertenencia.

Sujeta a órganos fiscalizadores o de control
(Dirección de personas jurídicas, Inspección
General de Justicia) que pueden desaprobar
estatutos, anular o intervenir personerías, etc.

No sujetos a fiscalizaciones u órganos de control
(el INAI no es un órgano fiscalizador).

Los socios de una asociación civil pueden
pertenecer a varias asociaciones

Los miembros de una Comunidad Indígena sólo
pertenecen a una Comunidad.

Deben presentar de modo obligatorio libros de
actas y balances contables

Pueden utilizar registros internos (económicos,

de registro de actividades y reuniones entre
otros) que crean necesarios y éstos no
necesitan ser certificados y/o avalados.

Una vez que la comunidad ha
decidido movilizarse, tiene que
tomar medidas para proteger a sus
miembros frente a quienes podrían
intentar reprimir la protesta de
forma violenta, atentando contra su
integridad física o su libertad.

Toda persona perjudicada o
afectada por otra persona,
funcionario, sociedad o
institución puede efectuar una
denuncia.

También puede hacerlo otra persona
que, sin ser afectada, tenga noticias
del hecho.

La denuncia se puede hacer en:

1)  la Comisaría,
2)  el Juzgado Penal de Turno o
3)  en la Fiscalía de Turno.

Hay que concurrir con el Documento
de Identidad.

En el caso de detención de un
miembro de la Comunidad, hay que ir

a la comisaría del lugar para ver si la
persona está detenida alí, me tienen
que informar que delito se le imputa
(de qué lo acusan) y en qué juzgado
tramita la causa.

Si soy familiar, amigo o conocido,
puedo pedir verlo, y si está
incomunicado, me tienen que
informar quien decretó la
incomunicación.

Si consideramos que la detención es
arbitraria e ilegal, hacer la denuncia
en la Fiscalía de turno, reclamando
información sobre su paradero si
fuera el caso y tener acceso a las
visitas correspondientes.

Conviene que esto lo hagan en
conjunto varios miembros de la
comunidad.

Cuando una persona acude a una
comisaria podría hacer dos cosas:

• Exposición civil

Es una redacción sencila donde
uno cuenta una situación que
le tocó vivir y quiere que quede

Trámites en caso de problemas penales

constancia para usarla como
prueba en otro momento.

• Denuncia

Es cuando una persona acude a
la comisaría o a la fiscalía para
dejar por escrito una situación
vivida de cierta gravedad donde
tiene interés que intervenga un
juez para dictar una sentencia.
Una vez realizada la denuncia
debe exigir  que se la lean antes
de firmarla  y que le den una copia
donde a su vez conste quien  es el
juez interviniente  y el número del
juzgado.

Notificaciones

Una notificación es el modo por
el cual una autoridad comunica
formalmente a una persona
una resolución, información o
acto de autoridad que le afecta
concretamente.

Según el Código Procesal Penal,
la notificación se hará entregando
una copia de la misma a la persona
destinataria.

Se puede notificar:

• En la oficina del fiscal o defensor

oficial.

• En el domicilio del notificado.

Procedimiento al legar una
notificación a nuestro domicilio

El oficial notificador, l evará

dos

copias de la notificación, las que se
laman cédulas judiciales.

Dicha notificación contendrá: la
transcripción de la resolución o
decisión judicial a notificar, la
indicación del tribunal que interviene
y el proceso en que se dictó.

Se entregará una al interesado,
quien deberá firmar la copia que
el oficial notificador se queda y es
una constancia de la recepción de la
misma. Luego dicha copia firmada se
agrega al expediente, con indicación
del lugar, día y hora de la diligencia.

Si la persona no se encuentra en el
domicilio

Cuando la persona a quien  se deba
notificar  no fuera encontrada en su
domicilio,  la copia será entregada a
alguna mayor de dieciocho (18) años
que resida al í,  prefiriéndose a los
parientes del interesado.

Si no se encuentra ninguno, la
copia será entregada a un vecino
mayor de dicha edad que sepa
leer y escribir, con preferencia
el más cercano. En estos casos,

el funcionario o empleado que
practique la notificación hará constar
a qué persona hizo entrega de la
copia y por qué motivo, firmando la
diligencia junto con el a.

Cuando el notificado o el tercero se
nieguen a recibir la copia o a dar
su nombre o firmar, el a será fijada
en la puerta de la casa, de lo que se
dejará constancia, en presencia de un
testigo que firmará la diligencia.

Una notificación es nula cuando:

• Existe un error sobre la identidad

de la persona notificada.

• La resolución ha sido notificada

en forma incompleta.

• En la diligencia no consta la

fecha o, cuando corresponda, la
entrega de la copia.

• Falta alguna de las firmas

prescritas.

En caso de que el notificado tome
conocimiento de la notificación y
la misma sea válida, se tendrá un
tiempo que variará dependiendo de
la provincia para, eventualmente, dar
respuesta al contenido.

Cuando recibimos una
cédula es muy importante
avisar cuanto antes a
alguien que sepa del tema,
preferentemente un abogado,
ya que al recibir la misma es
usual que comiencen a correr
plazos para realizar alguna
acción.

Hay que tener en cuenta que los
plazos judiciales son muy breves,
entre cinco o diez días.

Citación

Una citación judicial es una orden
dictada por un juez o tribunal
a una persona para que acuda
personalmente un día y a una
hora determinada al juzgado o a la
comisaría.

La citación judicial no quiere decir
que la persona citada esté imputada
de delito alguno pero sí, que se
requiere su presencia para esclarecer
algunos hechos.

Una citación judicial puede ir dirigida
a cualquiera de las partes en un
juicio pero también a un tercero
como puede ser un testigo, un perito,
un especialista, entre otros.

Composición de una citación

Una citación judicial tiene una
estructura básica de tres partes:

• Encabezado: en él se identifica

claramente la palabra CITACIÓN.
En algunas ocasiones puede
aparecer NOTIFICACIÓN.
Seguidamente aparecen los datos
de la persona citada.

• Cuerpo: incluye texto con motivo

de la citación, lugar, fecha y hora.
También se indican documentos
que la persona citada tiene que
levar consigo el día de la citación.

• Pie: aquí aparecen la fecha de

emisión de la citación y la firma y
datos del juez o tribunal emisor.

Se puede ser citado por:

•  El juzgado que leva la causa
•  La fiscalía
•  La defensoría

La persona que notifica:

• Debe ser un agente judicial

acreditado

• Debe entregar la cédula de

notificación

El notificado

• Debe firmar una copia y conservar

el original de la citación

Alanamiento

El principio de inviolabilidad  del
domicilio  está establecido en el
art.  18 de la Constitución Nacional
y quien ingrese sin autorización a
un domicilio particular o a partes
privadas de un comercio, cometerá el
delito de violación de domicilio.

El alanamiento de domicilio es una
facultad del Estado que autoriza
a ingresar a un lugar privado por
razones de orden público,  como
esclarecer un delito,  para lo que se
requiere incautar documentación
probatoria que pueda halarse en
el lugar.  Estas medidas deben estar
previstas legalmente y para poder
efectivizarse requieren orden de Juez
competente, sobre causas reales
y fundadas.  Por eso ni la policía
ni ninguna otra persona puede al
domicilio sin esa orden del Juez escrita.

Si no hubo orden judicial de
al anamiento o no se dieron las
circunstancias antes citadas, el
al anamiento reviste el carácter de
ilegal, y carece de validez probatoria
la documentación así obtenida.

En ese caso hay que negar la
entrada en el domicilio y si
esto no fuera posible, hacer la
denuncia correspondiente.

Debido proceso

El debido proceso es un conjunto de
garantías procesales que tienen por
objeto asistir a los individuos durante el
desarrolo del proceso, y así protegerlos
de los abusos de las autoridades y
permitirles la defensa de sus derechos.

La garantía de defensa en juicio
comprende no solo la posibilidad de
ser escuchado, sino también la de
presentar pruebas y controlar las que
otros presenten.

Nadie puede ser penado sin
haber sido previamente juzgado
y sentenciado mediante el debido
proceso. Deberán tomarse medidas
para garantizar que los miembros
de las diversas comunidades puedan
comprender y hacerse comprender
en procedimientos legales,
facilitándoles, si fuere necesario,
intérpretes u otros medios eficaces.

El juicio debe fundarse en una ley
anterior al hecho que motiva el proceso.

Algunos principios y garantías

en el Derecho Procesal Penal

El imputado de un delito debe ser
juzgado por el juez natural, esto es
aquel que le corresponde intervenir,
impidiendo que se forme una
comisión especial.

Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo.

Publicidad

La persona en juicio por la comisión
de un delito, debe conocer y entender
de lo que se lo está acusando.

Inocencia

La persona es inocente hasta que se
demuestre y declare su culpabilidad
mediante una sentencia condenatoria.

Si no hay suficientes elementos que
le acrediten al juez la culpabilidad
del imputado, corresponde su
absolución. Es el Estado quien
debe probar su culpabilidad y no
el imputado su inocencia. Ante la

En los procesos penales hay una serie de

principios y garantías

reconocidos constitucionalmente y

que deben ser cumplidos, bajo pena

que el proceso sea considerado inválido.

Acción de amparo

Es una acción judicial breve cuyo fin
es proteger derechos y libertades
que estén siendo lesionados ilegal
o arbitrariamente por actos u
omisiones del Estado o cuando exista
peligro de que lo sean. Se ejerce a
través del

Recurso de Amparo.

Los jueces deben restablecer de
inmediato aquel derecho que es

restringido ilegítimamente de forma
clara y manifiesta.

Se usa fundamentalmente porque
de levarse adelante un proceso
ordinario mucho más lento y largo en
el tiempo se causaría un daño grave
e irreparable.

El amparo puede ser individual  o
colectivo. En este último  caso el
juez interviene  contra violaciones

duda siempre se debe estar por la
inocencia.

Ninguna persona puede ser
perseguida penalmente más de una
vez por el mismo hecho.

Código procesal penal de la Nación

Art. 24 Diversidad Cultural. Cuando
se trate de hechos cometidos entre
miembros de un pueblo originario,
se deberá tener en cuenta sus
costumbres en la materia.

Art. 78 Calidad de víctima. Este
código considera víctima:
e) a los pueblos originarios de los
delitos que impliquen discriminación
de alguno de sus miembros,
genocidio o afecten de un modo
directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente.

Art. 100: Idioma. (Síntesis)
Si bien el código procesal exige para
todos los procedimientos el idioma
nacional, es necesario simplificarlo
privilegiando la comprensión y
cuando sea necesario ofrecer
traductor.

Algunos instrumentos que garantizan

la libertad y seguridad de las personas

Son procedimientos con que cuenta cada persona para defender sus derechos
cuando son atacados.

e intereses compartidos por varios
individuos.

Se pueden presentar como titulares
del recurso colectivo una persona
afectada directamente, el defensor
del pueblo o las asociaciones
registradas.

Habeas Corpus

Es el derecho de todo ciudadano
detenido o preso a comparecer
inmediata y públicamente ante el
juez natural o competente para que
este resuelva si su arresto fue o no
legal y si debe mantenerse.

• El derecho que se protege es la

libertad física.

• Se tramita independientemente

de la cuestión de fondo.

• No puede aplicarse cuando la

privación de la libertad sea por
una pena impuesta por autoridad
competente.

Puede ser pedido por la parte o de
oficio.

Medidas cautelares

Son disposiciones judiciales
que se dictan para garantizar el
resultado de un proceso y asegurar
el cumplimiento de la sentencia,

evitando la frustración del derecho
del peticionante derivada de la
duración del mismo.

Como su nombre lo indica
constituyen modos de evitar el
incumplimiento de la sentencia, pero
también suponen una anticipación
a la garantía constitucional de
defensa de los derechos, al permitir
asegurar bienes, pruebas, mantener
situaciones de hecho o para ayudar a
proveer la seguridad de personas, o
de sus necesidades urgentes.

Excarcelación
y eximición de prisión

La excarcelación es un beneficio que
se concede al procesado, cuando
no existen riesgos para la sociedad
a causa de su peligrosidad, de
permanecer en libertad mientras dura
el proceso judicial en su contra.

Surge del principio constitucional de
que se presume la inocencia de la
persona mientras no se demuestre su
culpabilidad, y permite no condenar
por anticipado.

Se diferencia de la eximición de
prisión en que en ésta la persona aún
no ha sido detenida, mientras que en
la excarcelación ya ha sido privada
de su libertad.

Acceso a la información
pública

(Ley 27.275 del 29/09/2016)

El acceso a la información pública
es el derecho que tenemos todas las
personas de obtener información
respecto de la actividad del Estado,
los actos de gobierno, y del modo
en que se desempeñan nuestros
funcionarios públicos.

Se busca así garantizar la publicidad
de los actos de gobierno y con elo su
transparencia y bregar por una mejor
y más activa participación ciudadana.

Toda persona tiene derecho
a solicitar, consultar y recibir
toda la información que se
produce en el Estado.

Se considera información pública
toda la información, en cualquier
formato, que haya sido creada
u obtenida por las autoridades
gubernamentales o que obre en
su poder o bajo su control, o cuya

producción haya sido financiada
total o parcialmente por el Estado, o
que sirva de base para una decisión
estatal, incluyendo las actas de las
reuniones oficiales. O sea toda la
información producida en el Estado,
en sus tres poderes y en todas las
situaciones donde el estado tenga
participación.

Las únicas formalidades para solicitar
información son: el pedido se realice
por escrito y debe identificarse quién
solicita la información. Dicha persona
debe firmar el pedido.

Es recomendable que quien presente
el pedido haga una copia del mismo
para conservar una constancia
sel ada por el organismo.

Acceso a la Información
Pública Ambiental

(Ley 25.831)

Esta información es indispensable
cuando en los territorios indígenas se
realicen proyectos que puedan afectar
la salud y la calidad de vida de sus

Derecho a la información

Organismos nacionales

• INADI Instituto Nacional contra la

Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo
•  Oficina nacional
Moreno 750, 1° piso, Ciudad de Bs.
As. (011) 4380-5600
•  Delegado Formosa
Dr. Walter Emanuel Zeiseniss
Lunes a viernes  8 a 12 y 16 a 20 hs
0800-999-2345 formosa@inadi.gob.ar

• INAI Instituto Nacional de Asuntos

Indígenas
Av. del Libertador 8151 (ex ESMA)
Ciudad de Bs. As. (011) 4702-9920

• Defensoría del Pueblo de la Nación

Suipacha 365, Ciudad de Bs. As.
(011) 4819 1600
•  Oficina de Pueblos Indígenas
Av. Corrientes 880 Piso 7, Ciudad
de Bs. As.
Paula Carrizo  (011) 4819 3910
pcarrizo@defensor.gov.ar
María José Vilafañe  (011) 4819-1570
mvil afane@defensor.gov.ar
Celular para enviar mensaje de
texto: 11-1537624976

• Defensoría General de la Nación

Paula Barberis, Javier Azzali y
Sebastián Tedeschi
Av. Calao 970, Ciudad de Bs As
(011) 4814-8400 Fax 9.30 a 16 hs
(011) 4814-8447

Datos útiles

Organismos provinciales

• Defensoría del pueblo de Nación

en Formosa
• Oficina de reclamos
Dr. Julio Néstor Santander
Padre Patiño 831, Formosa (03704)
436400 / 436379

•

Asuntos indígenas

Dra. Marina Morales Ríos
(03704) 673949
marina_moralesrios@hotmail.com

• Defensoría del pueblo de la

Provincia de Formosa
Dr. José Leonardo Gialuca
Padre Patiño Nº 831, Formosa
(54) 0370 4436379
depuefor@fibertel.com.ar

• Casa de Acceso a la justicia

Dr. Javier Barrios
Jose María Uriburu 175, Formosa
Lunes a viernes de 07 a 15 hs
(0370) 444-5435

• INAI, Formosa (Autoridad de

aplicación en temas territoriales
Karina Alegre, (03704) 293495
Pedro Cuelo y Joaquín Escofil

• ICA, Instituto de Comunidades

Aborígenes
Av. Pantaleon Gómez y Saavedra,
Formosa (03704) 436206 / 424010

Antecedentes

Desde 12/2010 por 5 meses Buenos
Aires.  Acampe Comunidad Qom Potae
Napocna Navogoh
Desde 2/2015  por 10 meses. Buenos
Aires.  Acampe de QOPIWINI (pueblos
Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé de
Formosa) y algunos integrantes  del
pueblo Mapuche, Qola, Diaguita,
Mbya Guaraní y Qom de Salta y de
Chaco.
03 /11/ 2015.Buenos Aires. Acampe
de QOPIWINI. Mauricio Macri firma
compromiso.
11/12/2015. Reunión  de QOPIWINI con
Claudio Avruj,  Secretario de Derechos
Humanos.
17 /12/2015. Reunión de Pueblos
Indígenas en Buenos Aires  con
el Presidente de la Nación y
funcionarios de la Secretaría de
Derechos Humanos y Ministerio  de
Justicia. Presentación de documento
ante las autoridades.

Febrero 17, 18 y 19. Asamblea
Nacional de Pueblos Indígenas de
Argentina. Reunión en Burzaco,
Buenos Aires. Participaron líderes

de los  pueblos Qom, Mocovi, Mbya
Guarani, Aba Guarani, Chorote,
Tapiete, Wichi, Nivacle, Qola,
Diaguita, Diaguita-Calchaqui, Tafíes,
Lules, Huarpe, Mapuche, Chane,
Pilaga y Aymara y en el cierre del
encuentro también el Secretario de
Derechos Humanos de la Nación,
Claudio Avruj,  y el presidente del
INAI, Raúl Ruidíaz. El motivo del
encuentro fue constituir,  con carácter
vinculante, la “Mesa de Trabajo
y Diálogo Político de los Pueblos
Indígenas de Argentina con el Estado
Nacional”.  Se elaboró y presentó un
documento con demandas. Se firmó
un Acta  Acuerdo con las autoridades.
Marzo 1.  Félix Díaz presenció la
apertura legislativa  en el Congreso de
la Nación.
Marzo 11, 12 y 13.Reunión en Burzaco.
La Mesa exige a las autoridades  su
institucionalización.
Marzo 14. Integrantes  de la Mesa se
dirigen  a la Secretaría de Derechos
Humanos en la Ex. ESMA y ante
la falta de respuesta al  pedido, la
firma de un decreto que establezca
el carácter vinculante de la misma,
declarado en el acta firmada y

Memoria 2016

Mesa de trabajo y diálogo político con el Estado Nacional y del

Consejo consultivo y participativo de los pueblos indígenas de Argentina. Reseña

entregada a las autoridades en
Burzaco en el mes de  febrero,
permanecen en esa sede durante
9  días, de forma pacífica y como
medida de fuerza.
Marzo 18. Por Resolución Nº 6/16 de
la Secretaría de Derechos Humanos
se formaliza la existencia de la Mesa
de Trabajo y Diálogo Político  de los
Pueblos Indígenas con el Estado
Nacional.
Marzo 23. Se firma  el Acta de
Compromiso, entre las  autoridades
de la Secretaría de Derechos
Humanos y los representantes de la
Mesa de Trabajo y Diálogo Político,  y
el Proyecto de Decreto para crear el
Consejo Consultivo y Participativo  de
los Pueblos Indígenas de Argentina.
Mayo 9, 10 y 11. Se reúne en Gerli,
Buenos Aires, la Mesa de Trabajo y
Diálogo Político. Se trabaja sobre la
organización.  Se decide ir  a la Casa
Rosada para lograr la  firma del Decreto
de creación del Consejo Consultivo.
Mayo 11. El Presidente  de la
Nación firma  el Decreto 672/2016
reconociendo la creación del Consejo
Consultivo y Participativo de los
Pueblos Indígenas de la República
Argentina.
Junio 13 a 19. De acuerdo  a lo
planificado  en mayo y luego de
haber regresado a los territorios
para dar a conocer e intercambiar
en las comunidades sobre  el

decreto conseguido, se reunieron
nuevamente en Gerli,  Buenos
Aires,  los miembros de la Mesa
para avanzar en la organización,
consensuar pensamientos y acciones.
Julio 14,  15.Se conformó  en  Buenos
Aires  el  Consejo  Consultivo  y
Participativo  de los Pueblos Indígenas
de  la  República  Argentina.  En  dos
días  de  intenso  debate,  más de  300
miembros  pertenecientes  a  pueblos
indígenas  de  todo  el  país  dieron
nacimiento  al  nuevo  organismo.
Definieron  en  Asamblea  soberana
la  conformación  y  funcionamiento
(reglamento) del Consejo.
Agosto  a  noviembre.  Reuniones
del  Consejo  Consultivo  en  Buenos
Aires,  reuniones  con  el  INAI  y  la
Secretaría  de  Derechos  Humanos.
Diciembre 17, 18.  Asamblea en Bs. As.

Actividades de miembros
del Consejo Consultivo

Participación en encuentros,
entrevistas oficiales en territorio

Formosa. Mayo. Participación  en
encuentro con Mutuma Ruteere,
relator  especial sobre las formas
contemporáneas de racismo de la
ONU (Organización  de Naciones
Unidas). Barrio  Namqom, Formosa
San Luis. Mayo.  Encuentro  Nacional
de líderes de Pueblos Originarios.

117 líderes de diversos pueblos
en Terrazas del Portezuelo, San
Luis, consensuaron un documento
apoyando la restitución de la Sierra
de las Quijadas al Pueblo Huarpe.
Córdoba. Julio. Reunión en Capila
del Monte con miembros del Pueblo
Comechingón. Reunión con Consejo
de Líderes del Pueblo Comechingón.
Formosa. Agosto. Participación
en  Asamblea en Comunidad
qom La Paz, El Colorado.
Salta. Agosto. Reunión con
autoridades provinciales:  del IPPIS,
Ministerio  de Asuntos Indígenas y
Secretaría de Asuntos Indígenas.
Jujuy. Reunión con Natalia  Sarapura,
a cargo de la Secretaría de Pueblos
Indígenas del Gobierno de Jujuy.
Visita a distintas comunidades.
La Rioja. Setiembre Reunión  con
el Secretario de Gobierno de La
Rioja, Ricardo Salazar. Se arribó
a un acuerdo para avanzar en
la creación de una Secretaría de
Pueblos Originarios  en esa provincia.
Misiones, Setiembre. Reunión
con el Gobernador Passalacqua
y miembros del Pueblo Mbya
Guaraní, con motivo de audiencia
pública en  Aristóbulo del Val e
por la apertura de un camino
donde viven tres comunidades.
Participación en la audiencia pública.
Salta y Misiones.Un miembro  del
Consejo acompañó una delegación  del

Ministerio de Desarrolo Social de la
Nación en una visita al territorio para
un relevamiento socio ambiental.

Reuniones con comunidades

El Presidente, otras autoridades del
Consejo y algunos de sus integrantes
realizaron  visitas a diversas
comunidades para difundir  las
acciones realizadas, informar  sobre
la Resolución de la Mesa y el Decreto
del Consejo Consultivo, intercambiar,
recibir inquietudes y notas a presentar.
Por ejemplo, se realizaron en las
provincias  de Chaco, Formosa y Salta
aproximadamente 40 visitas.

Acompañamiento a comunidades

• en conflictos territoriales: Las

Llanas, Salta (ante el posterior
falecimiento  del Cacique Roque
Fernández, se intervino  para que
fuera enterrado en su territorio
en conflicto)  – Lote 67, Formosa
Capital – Lote 33, Formosa
Capital  – Las Toscas, Santa Fé
– Comunidad Qom de Clorinda,
Formosa.

• en conflictos judiciales: Relmu

Ñamku, Martín Maliqueo y
Mauricio Rain, integrantes del
Pueblo Mapuche. Facundo Huala,
integrante del Pueblo Mapuche
(se presentó un Amicus Curae);

Agustín Santil án, integrante
del pueblo wichí; Comunidad
Mapuche Felipín, Neuquén.

Reuniones con autoridades de la
Secretaría de Derechos Humanos
y con el INAI

Se realizaron varias reuniones para
el seguimiento de la aprobación del
Reglamento del Consejo Consultivo
y Participativo, del presupuesto y de
otros temas.

Reuniones con otros organismos
oficiales y entidades

Ministerio  de  Desarrol o Social,
Ministerio de Salud, Ministerio de
Agroindustria,  Secretaría de Vivienda
y Habitat,  Programa de Naciones
Unidas para el Desarrolo -PNUD-,
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), Consulta Subregional
(Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay)
y acuerdos  para  2017 -  OPS/OMS/
Ministerio  de Salud de la Nación.

Actividades internacionales

1. Félix Díaz participa en el Foro

Mundial sobre el Acceso a la
Tierra y a los Recursos Naturales,
Valencia, España – Marzo, Abril

2. Félix Díaz recibe a Rigoberta

Menchú, Premio Nobel de la Paz

en la Comunidad Potae Napocna
Navogoh, Formosa – Julio

Presentación de notas ante
el INAI

A pesar de no tener presupuesto,
sede ni personal se logró clasificar
las notas recibidas por el Consejo,
presentar aproximadamente 70 y
revisar las restantes para orientar
sobre su corrección.  Se está
tratando de contar con información
de parte del INAI sobre el curso que
tuvieron  las notas ya presentadas.
Se prepararon constancias de la
entrega al INAI  y orientación  sobre
correcciones para las comunidades.

Articulación con Programas
de Nación

• Programa de Emergencia del

Ministerio  de Desarrolo Social
Se logró realizar  algunos envíos
a comunidades de Formosa,
Salta, Misiones, Santa Fe,
Neuquén, Chaco. Ante conflictos
que surgieron en territorio  fue
necesario suspenderlos hasta
lograr una mejor organización.
Se continuará trabajando con
las solicitudes recibidas, muchas
de las cuales requieren cambios
para adecuarse a lo que brinda el
Programa.

• Programa de Médicos

Comunitarios del Ministerio  de
Salud de Nación
Se logró contar con información
sobre los Agentes Sanitarios
Indígenas en las diversas
localidades a fin de verificar su
pertenencia étnica. No se pudo
concretar aún  el nombramiento
de Agentes Sanitarios propuestos
por las comunidades. Se recibieron
solicitudes  de 48 comunidades.
El Programa hasta ahora debe
articular  con las provincias para
esto,  lo que significa por ahora
un impedimento a destrabar  para
poder avanzar. Las solicitudes
quedan a la espera en nuestro
archivo. Varias necesitan ser
completadas. Últimamente el
Ministerio  presentó el Programa
de Salud para Pueblos  Indígenas.
Se continuará trabajando el tema.

Comunidades vinculadas

Hay comunidades que participaron
en encuentros, asambleas, otras
fueron visitadas, otras hicieron
l egar solicitudes.  El número total
aproximado de  estas comunidades
es de 250 pertenecientes a las
provincias  de  Chaco, Formosa, Salta,
Misiones,  Santa Fe, Tucumán, Jujuy,

Catamarca, La Rioja, Neuquén,

Córdoba, La Pampa, Buenos Aires.

Vocabulario

Aberración: conducta

inconveniente, anormalidad,
disparate.

Adquieran: incorporar

conocimientos.

Autonomía o Autodeterminación:

es la práctica de la decisión propia
de los pueblos.

Concurrentemente: coincidir, hacer

algo en conjunto.

Connivencia: acuerdo entre

personas para realizar una treta
o un fraude del que se benefician
todas.

Cuerpo normativo: conjunto de

leyes.

Demoledores: muy destructivos.

Deroguen: dejar sin validez una ley.

Diligencia: Gestión, algo que se

hace para resolver un asunto.
Nota puesta en un documento
oficial para disponer un trámite,
como por ejemplo el pase a otra
oficina.

Ente autárquico: institución que se

gobierna a sí misma, aunque está
dentro del estado.

Equiparar: considerar que algo es

igual o equivalente a otra cosa.

Garantizar: Seguridad

proporcionada por alguien de
que ocurrirá o no ocurrirá cierta
cosa. “El gobierno debe garantizar
la aplicación de los derechos
indígenas”.

Genocidio: exterminio o matanza

sistemática de un grupo social
como por ejemplo los pueblos
indígenas.

Gravámenes (impuesto): no se

pueden cobrar impuestos a las
tierras indígenas.

Hacinamiento: situación en la que

vive mucha gente en un espacio
reducido.

Imparcial: es facilitar toda la

información necesaria a los
pueblos indígenas sobre los
intereses que los afectan.

Indemnización: pagar el daño

ocasionado por una empresa,
gobierno o particulares en los
territorios indígenas.

No embargable: nadie puede

quedarse con las tierras indígenas
por deudas.

No enajenable y No transmisible:

que las tierras
indígenas no pueden ser vendidas o
transmitidas a terceros.

Perpetúa: hace que algo dure

siempre.

Potencial: riesgo que puede

suceder a futuro.

Preponderante: que está por

encima o es superior a otra cosa
con la que se compara.

Ratificado: Confirmar la

validez o verdad de algo dicho
anteriormente, de una promesa,
de un contrato, un tratado, etc.

Relevante: importante.

Reseña: narración breve.

Transcripción: copiar una cosa

escrita; poner por escrito una cosa
que se oye.

Vinculante: obligatorio.

Notas

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